¡Esta justicia es mía!

4 años de cárcel para un burgalés que borracho atropelló a un niño de 8 años y lo mató.

4 años de cárcel por homicidio imprudente para un conquense que mató a su hermano con un palo mientras discutían por un cigarrillo.

4 años de cárcel para un barcelonés que distribuía pornografía infantil por internet.

4 años de cárcel pide el fiscal para un pamplonés que colgó una pancarta en una grúa de las obras del centro termal del Euskal Jai.

Dicen que todas las comparaciones son odiosas. Ésta probablemente lo sea especialmente para el Ministerio Público, pues evidencia la brutal desproporción de sus peticiones de castigo contra los jóvenes okupas que en marzo de 2007 participaron en la campaña Iruñerria piztera goaz! Se encaramaron al balcón de Zapatería 40, cortaron el tráfico en la cuesta del Labrit encadenándose a bidones de hormigón, se subieron a la grúa del Euskal Jai, ocuparon el palacio del Marqués de Rozalejo.

Todas las acciones fueron públicas y no violentas -suerte de protesta que siempre me ha gustado por pacífica, pedagógica y consecuente-: llamaron a los medios de comunicación para que fueran testigos de sus actos, opusieron única y exclusivamente resistencia pasiva y no trataron de eludir su detención. Buscaban conseguir el mayor eco posible para sus denuncias: la carestía de la vivienda, la falta de locales para jóvenes, el desalojo de gaztetxes .

Habrá quien vea con buenos ojos esas reivindicaciones y protestas y quien no lo haga. Es comprensible que en concreto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, a la Policía Municipal y al Ministerio Fiscal no les gusten y actúen en su contra. Pero resulta democráticamente inaceptable que para hacerlo perpetren una utilización torticera de la legalidad inflando la peticiones de castigo a base de un sinfín de supuestos delitos: desobediencia grave, resistencia a la autoridad, atentado, haber matado a Manolete.

Son 38 acusados contra los que en total piden 58 años de cárcel. En definitiva solicitan un castigo ejemplar con el que amedrentar a la desobediencia civil pacífica y no violenta, tan arraigada en ésta nuestra Comunidad Foral. Una de las acusadas hace frente a una petición de dos años y seis meses por haberse sentado pacíficamente en la cuesta del Labrit en solidaridad con sus compañeros encadenados. Luego se quejarán de que la juventud es insolidaria.