Los Tribunales españoles no sólo hacen política, también la niegan

El guión establecido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se cumplió y la Sala 61 del Tribunal Supremo ilegalizó ayer Acción Nacionalista Vasca. El partido ekintzale no es sólo parte de la historia del nacionalismo vasco, sino muy especialmente una parte relevante de la resistencia contra el fascismo en la Europa del siglo XX. Ni la impoluta tradición democrática que tiene esa formación, ni la historia ni el Derecho han podido con la razón de estado. Con su sentencia el TS rompe, además de con los principios básicos del Derecho, con categorías físicas como el espacio y el tiempo. Si no, ¿cómo puede un partido con casi un siglo de historia suceder a otro que nació 70 años después?

A menudo se suele acusar a los tribunales españoles de estar politizados -el acuerdo entre partidos para la renovación del CGPJ adoptado la semana pasada es una muestra evidente de ello- o directamente de hacer política en vez de aplicar el Derecho. En el caso de los sumarios abiertos tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo o en el Constitucional sobre cuestiones relativas al conflicto vasco, sea el encausado político electo o simple ciudadano de a pie, no sólo es cierto que los tribunales españoles son meros instrumentos de los políticos de turno, sino que su función es negar la posibilidad de que los vascos puedan hacer, precisamente, política. Si no pueden manifestarse o reunirse, si no pueden publicar artículos que de la pluma de cualquier español no generarían problema alguno, si no pueden votar o ser votados, si no pueden poner en marcha negocios libremente o formar parte de asociaciones culturales y, sobre todo, si no pueden llevar a cabo los proyectos que tienen un apoyo importante dentro de su sociedad... ¿qué clase de política pueden hacer los vascos?
En una sola semana el sistema judicial español ha determinado que no se puede consultar a la ciudadanía sobre política, que no se pueden conformar partidos verdaderamente independentistas y de izquierdas, y es probable que hoy mismo disponga que incluso solidarizarse con los represaliados o denunciar la vulneración de sus derechos es también delito. ¿Qué más debe ocurrir para que se acepte que la situación en Euskal Herria es totalmente excepcional y que no llega a los estándares democráticos más básicos?